Una nueva Administración penitenciaria: Euskadi asume la competencia penitenciaria

Por AIA.

En este año 2021 presenciamos un nuevo hito en la historia reciente de la Administración penitenciaria española, pues asistimos a la creación de una nueva Administración penitenciaria que se desgaja de la estatal: la Administración penitenciaria del País Vasco. De tal modo, junto a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) nos encontraremos con una nueva división administrativa, probablemente ubicada en la Viceconsejería de Justicia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco.

La Comunidad Autónoma de Euskadi o País Vasco se convierte así en la segunda Comunidad Autónoma en asumir de forma efectiva estas competencias (por detrás de Cataluña, que lo hace desde hace más de treinta y siete años). En realidad, el Estatuto de Autonomía del País Vasco (Ley Orgánica 3/1979) ya atribuía a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios y de reinserción social, además de la competencia para ejecución de la legislación del Estado en legislación penitenciaria. Sin embargo, ha sido en este año 2021 cuando los avatares políticos han hecho posible que se hiciera efectivo el traspaso.

Previsiblemente, mañana día 10 de mayo se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias para aprobar o firmar el traspaso de las competencias.

¿Qué es lo que podrá hacer el País Vasco a partir de ahora?

Tendrá capacidad auto-organizativa. El País Vasco establecerá progresivamente sus criterios penitenciarios de funcionamiento y sus propias formas de organización, lo que puede implicar cambios de envergadura en los programas específicos de tratamiento, pautas de clasificación, figuras regimentales, instituciones terapéuticas, procedimientos o documentación. En definitiva, Euskadi podrá introducir novedades en el tratamiento y en el régimen penitenciario, en el camino hacia un nuevo modelo de cumplimiento de las penas privativas de libertad y de las penas y medidas alternativas.

Establecerá un nuevo paradigma de tratamiento penitenciario. Desde el gobierno vasco se ha señalado en varias ocasiones que su objetivo es construir su propio modelo de tratamiento, parecido al de Cataluña, donde se potencie al máximo la clasificación en tercer grado. En tal sentido, se ha afirmado que el objetivo es implementar un sistema basado en la rehabilitación, la justicia restaurativa y el régimen abierto. Algunos de los rasgos de ese modelo de ejecución se avanzan en el libro Líneas generales de Política de Ejecución Penal y Penitenciaria, accesible libremente aquí.

Elaborará su propio Reglamento Penitenciario. Lógica consecuencia de lo anterior es que, siempre respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, el País Vasco podrá elaborar su propio Reglamento Penitenciario, al igual que hizo Cataluña. Por ejemplo, podrá establecer órganos colegiados y unipersonales propios, así como procedimientos administrativos específicos.

Tendrá su propio personal penitenciario. Los funcionarios y el personal laboral que presta servicios en los centros penitenciarios del País Vasco (alrededor de 700 personas) se integrarán pronto en la función pública de esa comunidad autónoma, que se hará cargo de sus retribuciones, respetando sus derechos adquiridos.

Tendrá sus propios medios materiales. Se van a traspasar los establecimientos penitenciarios y el resto de inmuebles de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el territorio vasco, así como mobiliario, equipos, sistemas informáticos y demás material. Eso incluye los centros penitenciarios de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya), que alojan aproximadamente a 1.300 internos. Además, cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene (en San Sebastián) a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario.

Gestionará su propio presupuesto de prisiones. Según las informaciones publicadas en prensa, la valoración económica de la transferencia asciende a setenta millones de euros. La Comunidad Autónoma del País Vasco comenzará a gestionar los fondos correspondientes al presupuesto de prisiones, como corresponde a sus facultades autoorganizativas.

¿Qué es lo que no podrá hacer el País Vasco?

La legislación en materia penitenciaria es competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.6ª de la Constitución Española. En consecuencia, el límite al ejercicio de las competencias penitenciarias es, en todo caso, la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Será además necesaria la coordinación y colaboración con el resto de Administraciones penitenciarias, para realizar traslados de personas privadas de libertad, homogeneizar la documentación, emplear las lenguas cooficiales en los documentos, etc. Finalmente, para garantizar la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican, recordemos que, al igual que el resto de administraciones, el País Vasco se somete al control de los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial. Especial relevancia tienen los juzgados de vigilancia penitenciaria, encargados por excelencia de salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.