Victoria Kent nació en Málaga en 1892, trasladándose con veinticuatro años a Madrid para terminar sus estudios de bachiller. En 1920 comenzó la carrera de Derecho en la Universidad Central de Madrid, concluyéndola en 1924, año en el que también se doctoró con una tesis titulada La reforma de las prisiones. En 1925 ingresó formalmente en el Colegio de Abogados de Madrid (fue la primera mujer en hacerlo), comenzando su andadura profesional en la abogacía, primero como pasante en el despacho de Álvaro de Albornoz (al que más adelante defendería en un proceso penal que la haría muy conocida) y luego por su cuenta en su propio bufete, dedicándose fundamentalmente a la defensa de obreros en el ámbito penal y laboral.

De ideología progresista y feminista, en las primeras elecciones de la II República española obtuvo el acta de diputada por Madrid (fue una de las tres mujeres diputadas en el Congreso), participando en las deliberaciones sobre el proyecto de Constitución (es muy conocida y controvertida su tesis sobre el sufragio femenino). Continuó con diversas iniciativas republicanas y de activismo político (conferencias, mítines, abogacía) hasta el estallido de la Guerra Civil Española, que la obligó al exilio en el extranjero, desde el que no cejó de defender sus ideales en oposición al régimen franquista, especialmente a través de la revista Ibérica fundada por ella.

Sin embargo, más allá de su labor política y de activista, nos interesa la faceta de Victoria Kent como penitenciarista, aquella que hizo que trascendiera a la historia de los reformadores penitenciarios españoles. Aunque impartió conferencias y realizó entrevistas sobre la realidad penitenciaria, no dejó tras de sí libros o tratados sobre la reforma penitenciaria (al margen de algunos artículos en revistas españolas y extranjeras contando en primera persona su labor al frente de las prisiones, como la titulada «Las reformas del sistema penitenciario durante la II República», publicada en la revista Historia 16 en 1978, en el número extra VII, un monográfico sobre la cuestión penitenciaria). No obstante, sí despuntó por su corta, aunque muy intensa, labor al frente de las prisiones en España.

Pocos días después de proclamarse la II República española, recibió la propuesta del gobierno provisional de Alcalá Zamora 18 de abril de 1931 de ser nombrada Directora General de Prisiones, cargo que aceptó. Desempeñó el puesto durante catorce meses (del 19 de abril de 1931 al 8 de junio de 1932), lo que hizo que fuera muy popular y tuvo gran repercusión mediática en la época. En este tiempo, apostó por dotar de una mayor humanidad al sistema penitenciario, con el fin de hacer posible la rehabilitación social de las personas privadas de libertad, siguiendo las ideas de autores como Concepción Arenal o Dorado Montero, como ella misma afirmó. Aunque la situación que encontró de las prisiones españolas, las limitaciones económicas y la oposición a sus innovaciones impidieron que acometiese transformaciones de calado, pudo impulsar novedosas reformas con dos objetivos fundamentales:

1. Mejora de la situación de las personas privadas de libertad, incrementando sus derechos y reduciendo la penosidad del internamiento.
2. Profesionalización de los cuerpos de funcionarios penitenciarios, incrementando su formación y persiguiendo ilegalidades.

Mejora de la situación de las personas privadas de libertad

De tal forma, no llegaron a producirse reformas legislativas o cambios reglamentarios, sino medidas parciales centradas esencialmente en mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad:

• Sustitución de los camastros antiguos de las prisiones por nuevos jergones o adquisición de ropa y nuevas mantas (adquisición de mil quinientas mantas de lana).

• Establecimiento de buzones en los patios, para la correspondencia que la población reclusa deseara dirigir a la Dirección General de Prisiones, facilitando la exposición de peticiones y quejas frente a abusos o interpretaciones equivocadas de los preceptos reglamentarios.

• Supresión de celdas de castigo, grilletes, cadenas y demás instrumentos de tortura. Esta es una de las medidas más conocidas y que mayor impacto causó en la opinión pública de la época. La propia Victoria Kent confirmó que: «…esos hierros, todos esos hierros, ordené fueran enviados a Madrid; todos ellos, fundidos con otros metales formaron parte de un busto de Concepción Arenal, la insigne mujer española de profundos estudios penales, nombrada oficialmente a mediados del siglo XIX visitadora de Cárceles. El joven y entusiasta escultor Alfonso Palma realizó la obra que fue instalada en el Paseo de Rosales».

• Garantía de la libertad de cultos eximiendo la obligación de las personas privadas de libertad de asistir a actos de la religión católica, disolviendo el cuerpo de capellanes y permitiendo la asistencia religiosa de cualquier confesión. 

• Aprobación de permisos extraordinarios de salida por motivos graves y urgentes. De acuerdo con Victoria Kent: «Debemos puntualizar que esos permisos se concedían teniendo en cuenta la conducta en el establecimiento, el informe del director y sus circunstancias familiares. Pues bien, contra toda esa propaganda mal intencionada, debo afirmar que los permisos concedidos fueron respetados en los límites impuestos y los reclusos que disfrutaron de ese permiso de unos días de libertad ni uno dejó de presentarse en la prisión el día y a la hora que le fueron señaladas».

A pesar de que la doctrina considera que, en efecto, la concesión de tales permisos fue una de las medidas que aplicó Victoria Kent, no se modificó el reglamento entonces vigente ni encontramos disposición legal publicada en la Gaceta que los avale. Otras medidas como la concesión de indultos específicos para la población reclusa septuagenaria o la autorización de comunicaciones íntimas en el interior de las prisiones tampoco las encontramos publicadas en la Gaceta.

• Dotación de mayores responsabilidades y atribuciones a los internos, permitiéndoles participar en el reparto del racionado o la ejecución material de los servicios mecánicos de apertura y cierre de rastrillos y puertas.

• Aumento del presupuesto para gastos de alimentación, mejorando el racionado.

• Adelantos de la concesión de la libertad condicional a determinados internos.

• Cierre de infraestructuras penitenciarias deficitarias y en malas condiciones (supresión de hasta 115 cárceles de partido), impulsando la construcción de nuevas prisiones provinciales. También impulsó la creación de una nueva cárcel modelo de mujeres (Cárcel de mujeres de Ventas). 

Profesionalización de los cuerpos de funcionarios penitenciarios

Respecto del personal de los centros penitenciarios, Victoria Kent realizó una enconada labor para la capacitación del nuevo personal y depuración de los empleados antiguos, luchando contra la corrupción y las conductas inmorales e ilegales. En esta dirección, deben destacarse dos medidas fundamentales: la creación del Instituto de Estudios Penales y de la Sección Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones. 

• Creación del Instituto de Estudios Penales para la formación de los empleados públicos penitenciarios (órgano sucesor de la Escuela de Criminología de Salillas). De acuerdo con Victoria Kent: «…era necesario preparar el camino para la formación del nuevo personal de prisiones. Nuestros razonamientos nos llevaron a la creación del «Instituto de Estudios Penales». Se redactaron los estatutos y los programas y el instituto empezó a funcionar bajo la dirección de don Luis, maestro admirado y querido amigo» [en referencia a Luis Jiménez de Asúa].

• Creación de la Sección Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones, a la que se accedería por el sistema de oposición. Victoria Kent señaló que: «…puso en marcha la sección femenina con la finalidad de preparar un personal civil para sustituir el que venía actuando compuesto solamente por monjas que actuaban hasta el advenimiento de la República. A esos cursos especiales de preparación femenina, fueron monjas que tenían una auténtica vocación. Terminada su preparación fueron confirmadas en sus cargos, ya como personal civil del Cuerpo Femenino de Prisiones».

Además de lo anterior, también permitió a los funcionarios acceder a la prensa para defender sus aspiraciones (técnicas, administrativas, morales y económicas) y leer libros y prensa, en los servicios nocturnos y diurnos, siempre que no implique quebranto del servicio y condonó correctivos o expedientes disciplinarios a funcionarios. Por el contrario, recordó su deber de residencia, que obligada a los funcionarios a permanecer en la localidad donde radique el establecimiento, ordenó extremar el celo en el cumplimiento de sus deberes y la observancia de los preceptos reglamentarios y centralizó los servicios de inspección eliminando la inspección regional de prisiones.

Estas y otras actuaciones valieron a Victoria Kent fuertes críticas y enfrentamientos constantes con los funcionarios penitenciarios (pérdida de autoridad de los funcionarios, incremento de la tensión en los centros, empeoramiento de las condiciones laborales, ceses y nombramientos inadecuados, etc.), lo que precipitó su dimisión. En mayo o junio de 1932 planteó al ministro de justicia la atrevida propuesta de sustituir los funcionarios «de conducta irregular» por reclusos o internos. Como dicha idea no fue aceptada, presentó su dimisión, que se hizo efectiva el 8 de junio de 1932. 

«Mi proyecto inmediato era seleccionar los buenos funcionarios y el cese de los que, careciendo de vocación, no cumplían con sus deberes. El Gobierno había cambiado. Don Fernando de los Ríos no era ya el ministro de Justicia. habiendo sido sustituido por don Álvaro de Albornoz, uno de los dirigentes del partido Radical Socialista, al que yo pertenecía igualmente. Le presenté mi proyecto de reforma del Cuerpo de Prisiones, proyecto que, en líneas generales, era éste: separación de aquellos funcionarios de conducta irregular, que ignoraban, además, los principios básicos del tratamiento a los detenidos. Estos funcionarios serían sustituidos en las grandes prisiones por aquellos reclusos que al juicio del director, fueran de buena conducta y responsables de sus deberes. El Instituto de Estudios Penales estaba ya en marcha, preparando nuevo personal. Mi propuesta asustó al señor Albornoz y la presentó al Consejo de Ministros. El Consejo la estimó audaz y no la aprobó, considerando que podía suscitar dificultades en varios sectores sociales... Albornoz me comunicó el criterio del Gobierno y presenté mi dimisión. Sentarme en mi despacho a firmar órdenes y comunicados no favorecía la continuación de mis proyectos y de otro lado no podía aceptar de buen grado mi temperamento esa situación. No tengo noticias de que mis sucesores hayan introducido ninguna reforma apreciable».
Victoria Kent

Para saber más:

• Real Academia de la Historia

• GARGALLO VAAMONDE, Luis, El sistema penitenciario de la Segunda República, Ministerio del Interior, Madrid, 2011. Accesible online. 
  

• Vídeo-entrevista en YouTube